La función de las leyes sobre discapacidad | La función de las leyes sobre discapacidad |
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Introducción: El Boletín sobre Personas con Discapacidad, publicación patrocinada por las Naciones Unidas, dedicó su número 2 de 1998 al tema "Normas y Principios internacionales relativos a las personas con discapacidad". Por su importancia reproducimos en este apartado algunos de los más sobresalientes comentarios publicados en ese Boletín y que a continuación se exponen. La función de las leyes sobre discapacidad[1] Las personas con discapacidad a menudo se ven excluidas de las principales actividades de la sociedad negándosele con ello sus derechos humanos. La discriminación contra las personas con discapacidad, adopta formas diversas que van desde denegarles oportunidades de educación hasta otras formas más sutiles de discriminación, como la segregación y el aislamiento, imponiéndoles barreras físicas y sociales. Los efectos de la discriminación basada en la discapacidad son especialmente graves en ámbitos como la educación, el empleo, la vivienda, el transporte, la vida cultural y el acceso a los lugares y servicios públicos. Ello es resultado de la distinción, la exclusión, la restricción o la preferencia, o la negativa a facilitar alojamiento aceptable, lo cual anula o menoscaba efectivamente el reconocimiento, el goce y el ejercicio de los derechos de los discapacitados. A pesar de los progresos en la legislación alcanzados durante las últimas dos décadas del siglo pasado, la sociedad no ha atacado sistemáticamente este tipo de violaciones de los derechos humanos de las personas con discapacidad. La mayor parte de las leyes y políticas al respecto se basan en el supuesto de que los discapacitados sencillamente no pueden ejercitar los mismos derechos que el resto de la población. En consecuencia, su situación suele tratarse en términos de rehabilitación y servicios sociales. Hace falta una legislación más amplia que garantice los derechos de los discapacitados en todos sus aspectos (derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales) y en pie de igualdad con las personas sin discapacidad. Son necesarias medidas idóneas contra la discriminación existente, como fomentar que las personas con discapacidad participen equitativamente en la vida social y el desarrollo. Una de las características dominantes de la jurisprudencia del siglo XX fue el reconocimiento del derecho como instrumento de cambio social. Si bien la legislación no es el único medio de progreso social, representa uno de los más poderosos vehículos de cambio, adelanto y desarrollo en la sociedad. La legislación actual debe revisarse, con miras a integrar la perspectiva de la discapacidad en todas las esferas de la actividad legislativa y mejorar así la situación de las personas con discapacidad. Ciertas barreras culturales y sociales han servido también para frenar la plena participación de las personas con discapacidad. Las prácticas discriminatorias contra estas personas pueden, pues, ser resultado de normas sociales y culturales que la ley ha institucionalizado. El cambio en la percepción y el concepto de discapacidad traerá acarreados cambios en los valores y una mayor comprensión en los niveles sociales e incidirá en aquellas normas sociales y culturales que pueden perpetuar nociones erróneas e inapropiadas sobre la discapacidad. [1]Naciones Unidas. Normas y Principios internacionales relativos a las personas con discapacidad.En: Boletín sobre personas con Discapacidad Nº 2, New York: 1998. (publicación de las Naciones Unidas, Nº de venta: 60665 -November 2001- 400).
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